El Gobierno comenzó a pensar en soluciones para la crisis energética ya a fines de 2007. En ese momento convocó a una licitación para sumar 11 equipos móviles de generación eléctrica durante el verano.
Era una alternativa cara e ineficiente, pero el ministro de Planificación, Julio De Vido, apuntó a que se trataba de un precio justo para evitar el costo político de una ola de cortes en el verano.
Pero esa alternativa, que parecía única, ocho años después se convirtió en una solución permanente; y hasta hay un equipo en las cercanías de la Casa Rosada.
Las cifras que dan cuenta de estas inversiones son en verdad alarmantes. Según lo publicado por La Nación, en enero de este año, el Gobierno les pagó a las unidades de generación móvil (UGM) 80 veces más en promedio que a las grandes unidades térmicas convencionales (más eficientes), como Central Puerto y Costanera.
En el caso de los equipos más caros, las diferencias llegaron a superar hasta 180 veces el precio promedio de la energía de las mayores usinas del país, de acuerdo a los registros de Cammesa, a los que accedió el citado medio.
“No se pueden comparar porque tienen funcionamiento y objetivos distintos. Se trata de centrales de pequeña potencia que se ubican en puntos de la red donde hay requerimientos extremos. Esto permite mantener los niveles de tensión. Si tuvieras que abastecer con 20 Mw ante un extremo de frío, deberías prender una turbina mucho más grande”, justificó una fuente de Planificación acerca de este gasto.
