La Cámara de Diputados aprobó ayer más de 90 proyectos, entre los cuales se destacan al menos cinco de perfil gremial y la creación de la empresa pública Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado (YCFSE).

En una sesión especial en la que el oficialismo sufrió dificultades para conseguir quórum, los diputados le dieron media sanción a una iniciativa que garantiza la participación de los trabajadores telefónicos y de la televisión en las ganancias de las empresas de las que son empleados.

También se aprobaron tres proyectos para la indemnización a los ex trabajadores de las empresas públicas privatizadas Gas del Estado, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba) y Agua y Energía, que fueron excluidos del programa de propiedad participada durante los años 90.

Asimismo, se le dio media sanción al proyecto de declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación al inmueble del hotel Bauen, una de las iniciativas por las cuales los ocho opositores que sí participaron de la sesión —la mayoría se ausentó — se quedaron cuando el oficialismo no reunía el quórum.

"El Bauen es de los laburantes. No se toca y al que no le gusta, que se joda", afirmó la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, tras confirmar que permanecería en el recinto, luego de que el trotskista Pablo López cuestionara al oficialismo por haber convocado a sesiones especiales "para indemnizar a Repsol" y no poder conseguir quórum "cuando hay leyes obreras".

La Cámara baja también aprobó el proyecto del kirchnerista Héctor Recalde para incorporar al Estatuto del Periodista el derecho a la cláusula de conciencia, así como una ley para establecer un cupo femenino para las trabajadoras del sector hidrocarburífero.

Además de estos proyectos, que consiguieron aprobarse tras las dificultades del kirchnerismo para obtener quórum, se le dio media sanción por unanimidad, con 129 votos afirmativos, a la creación de la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado (YCFSE).

La compañía operará el yacimiento santacruceño de carbón Río Turbio, cuyo mantenimiento está en manos del Estado desde hace 13 años, después de que se le rescindiera el contrato de concesión a una empresa privada.