“Estamos completamente en desacuerdo con la resolución que prevé el aumento de tarifas, el Gobierno debe garantizar aumentos razonables y velar por el mejoramiento del servicio y el acceso a todos los ciudadanos”, aseguró el Ombusdsman.

En el Salón de Usos Múltiples de esa localidad correntina, se desarrolló esta mañana la audiencia con un total de 11 oradores entre los cuales se destacó el Defensor Rodríguez, quien planteó su postura y propuesta ante la necesidad manifestada por la DEPEC de determinar nuevos valores tarifarios para sostenimiento del servicio eléctrico de toda la provincia. “Para la actualización del cuadro se tuvo en cuenta la resolución de la Secretaria de Energía de la Nación para el primer trimestre del año, con lo cual estamos totalmente en desacuerdo”, aseguró.
 
Rodríguez manifestó que dicha resolución “no contempla los criterios de gradualidad y razonabilidad en los aumentos de energía propuestos por la Corte Suprema de la Nación” y destacó que en ella “se manifiesta la voluntad política del gobierno de aumentar las tarifas, a sabiendas de que ello no se condice con los incrementos salariales anunciados”.
 
Por otra parte, Rodríguez se refirió al pedido de informe que recientemente solicitó a la DPEC respecto de las actuaciones de la empresa estos últimos años de la empresa TRANSNEA. “Tenemos especial interés en este tema porque los costos de aumentos se componen además de la actualización de las remuneraciones de las empresas TRANSENER S.A. y TRANSNEA S.A., y en Corrientes esta segunda brinda un servicio muy deficiente”, afirmó el Defensor.
 
En su oratoria, el Ombudsman solicitó a la DPEC que habilite un registro especial de usuarios electrodependientes “por cuestiones de salud” y pidió “que en caso de que se produzcan aumentos exógenos al cuadro tarifario propuesto por la DPEC, se convoque a una nueva audiencia antes de cargarlo en la factura de los usuarios”. En este sentido Rodríguez, sugirió también que “la incidencia del costo producido por fraudes y robo de energía, no sea absorbido por los usuarios”.
 
Sobre el cierre, Rodríguez señaló la necesidad de que el Gobierno garantice el acceso a la energía eléctrica “porque es un derecho humano fundamental y como tal debe ser respetado” y reclamó “que las autoridades encaren las acciones necesarias para poner en funcionamiento el Ente Regulador de Energía (ENRE), el cual fue creado en 2011”.