En la mañana de ayer, la localidad de Santa Rosa se convirtió en el escenario de la audiencia pública organizada por el Gobierno de la Provincia para ver las posturas y opiniones particulares acerca del proyecto de actualización tarifaria del servicio de energía eléctrica para Corrientes, que contempla considerables aumentos. El encuentro fue moderado por autoridades del Ministerio de Obras Públicas provincial, y mientras que algunos de los participantes manifestaron que las modificaciones deben ser graduales y tener en cuenta al servicio como una cuestión de derecho humano, otros expositores expresaron que la audiencia debía ser considerada nula.

En reiteradas oportunidades solicitaron la puesta en funcionamiento del Ente Provincial de Regulación de Energía (Epre) como entidad competente para analizar la actualización tarifaria.
En los próximos diez días el Gobierno provincial deberá informar acerca de lo definido tras la audiencia pública y dentro de los 30 días posteriores a haber recibido el informe adoptarán una resolución final con respecto a los incrementos.

Participaron defensores del Pueblo y de los Vecinos, representantes de sectores comerciales y empresariales locales, referentes de la defensa a los consumidores y ciudadanos.

“Desde nuestro sector entendemos que es necesaria una actualización debido a que en muchos años no hubo un ajuste, pero también pedimos que los aumentos no afecten la competitividad de las empresas en comparación con las provincias vecinas. En Corrientes hay actividades dependientes de la energía eléctrica que se verán afectadas, ya que la electricidad forma parte de los costos de producción”, explicó en diálogo con El Litoral el presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Daniel Cassiet.

El defensor de los Vecinos de Corrientes, Javier Rodríguez, también participó y solicitó que las modificaciones sean graduales. “Estamos completamente en desacuerdo con la resolución que prevé el aumento de tarifas; el Gobierno debe garantizar aumentos razonables y velar por el mejoramiento del servicio y el acceso a todos los ciudadanos; no contempla los criterios de gradualidad y razonabilidad en los aumentos de energía propuestos por la Corte Suprema de la Nación”, manifestó Rodríguez en la audiencia y pidió tarifas diferenciales para ciudadanos que por cuestiones de salud sean electrodependientes.

Otros participantes requirieron la nulidad del proceso de modificación y la audiencia. “Yo participé como ciudadano y usuario y planteé que la audiencia pública debe ser anulada ya que el Ministerio de Obras Públicas no cuenta con competencia para convocarla, sino que debe ser el Epre; además hubo un fallo judicial federal sobre la audiencia realizada el año pasado en Formosa que invalida la realización del encuentro.

También manifesté que se debe impugnar el proyecto de aumento tarifario por ser arbitrario e irregular, ya que carece de rigurosidad técnica y no tiene información veraz”, expresó a este medio el abogado Miguel Alegre, quien en años anteriores también se desempeñó como Defensor del Pueblo de Corrientes.

Por su parte, desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos dieron a conocer su postura y la necesidad de aplicar un reajuste de tarifas.

“La actualización tarifaria es necesaria para solventar incrementos en costos y planificar inversiones para  optimizar el servicio; la política energética del gobierno nacional anterior no generaba inversiones ni se brindaba a las distribuidoras las condiciones para poder hacer inversiones. Nosotros con esto sólo buscamos mejorar la calidad energética de la provincia”, expresó durante la audiencia pública el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Aníbal Godoy.

Anteriormente, desde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) explicaron que con los próximos cobros a los usuarios se aplicarán las nuevas tarifas de energía actualizadas.

Fuente: El Litoral