Así lo dispuso el Tribunal en lo Criminal Federal N°1 de San Martín, al considerar que los cuatro imputados tuvieron responsabilidad en la administración de una red de prostíbulos ubicados en los partidos de La Matanza y Morón, donde se explotaba sexualmente a mujeres. Los jueces ordenaron además el decomiso de dos camionetas utilizadas para trasladar a las víctimas, entre otros bienes.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín condenó ayer a cuatro personas que llegaron al debate oral y público acusadas de integrar una red que explotaba a mujeres en situación de vulnerabilidad a través de una serie de prostíbulos ubicados en distintas localidades de los partidos bonaerenses de La Matanza y de Morón. Los cuatro imputados llegaron a esta instancia detenidos. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 4 de diciembre.

Paulo Ramón Abalos recibió la pena de siete años de prisión por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravado por la participación de tres o más personas en forma organizada, explotación económica de la prostitución ajena y administración, sostenimiento  y regenteo de casa de tolerancia, todos en concurso ideal (arts. 145 bis 1er. y 2do. Párrafo, inciso 2 del C.P. según ley 26.364, 127 según ley 25.087 y 17 de la ley 12.331) en concurso real con el delito de explotación económica de la prostitución ajena y administración, sostenimiento y regenteo de casas de tolerancia(art. 127 del C.P. ley 26.842- y 17 de la ley 12.331).

Jorge Oscar Scuncia fue condenado a seis años y seis meses de prisión al ser considerado también coautor penalmente responsable del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravado por la participación de tres o más personas en forma organizada, explotación económica de la prostitución ajena y administración, sostenimiento y regenteo de casa de tolerancia, todos los que concurren en forma ideal (arts. 145 bis 1er. Y 2do. Párrafo, inciso 2 del C.P. según ley 26.364, 127 según ley 25.087 y 17 de la ley 12.331). La pena dictada fue de cinco años pero el Tribunal la unificó con otra condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martín.

En sus alegatos, el fiscal los acusó de haber acogido, mediante engaño, violencia, amenazas y "otros medios de intimidación o coerción", durante los meses de diciembre de 2010 y enero y febrero de 2011, a la víctima que declaró en la primera audiencia.

Finalmente, María Josefina Russo y José Luis Gabriel Marín recibieron la pena de dos años en suspenso cada uno al ser considerados partícipes necesarios del delito de explotación económica de la prostitución ajena y administración, sostenimiento y regenteo de casas de tolerancia, los que concurren en forma ideal (Arts. 127 del C.P.-ley 26.842- y 17 de la ley 12.331) Para ellos, el Tribunal ordenó la inmediata libertad.

Para el fiscal, estos dos imputados participaron junto a Abalos del segundo hecho que llegó a debate oral y público: consistió en haber intervenido en el acogimiento o colaboración para la explotación sexual de once víctimas para así tener un provecho económico mediante el abuso de su situación de vulnerabilidad, lo cual tuvo lugar desde fines de enero de 2015 y mayo del mismo año en un prostíbulo ubicado en González Catán.

Además, los jueces ordenaron el decomiso de un juego de sillones, una mesa de hierro, dos camionetas que fueron utilizadas para trasladar a las víctimas que rotaban entre los diferentes locales nocturnos, cuatro celulares, una cámara fotográfica y la suma de $21.988.

El debate comenzó el 17 de octubre y contó con las declaraciones de, entre otros testigos, cinco víctimas. Como representante del MPF intervino el fiscal general Marcelo García Berro. En sus alegatos, había solicitado penas de entre 4 años y medio y 13 años de prisión para los cuatro acusados.