La Cámara Federal porteña habilitó la discusión sobre la “ley del arrepentido” a pedido del exjuez federal de Corrientes Carlos Vicente Soto Dávila, procesado por presunta connivencia con una banda de narcotraficantes e incriminado sobre la base de relatos de arrepentidos.

Soto Dávila ya había planteado una serie de nulidades, sin embargo, la mayoría fueron rechazadas al considerar que no se trataba de sentencias definitivas y, en consecuencia, no habilitan la intervención de la Cámara Federal de Casación, el principal tribunal penal del país.

“En cuanto al rechazo al planteo de inconstitucionalidad de la ley que prevé la figura del ‘arrepentido’, corresponde tener por satisfecho el requisito de impugnabilidad objetiva”, explicaron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

El fallo, que fue firmado a fines de diciembre pasado, reconoce que el planteo de Soto Dávila apunta a “la necesidad de efectuar un control de constitucionalidad, lo cual, de no tratarse, podría ocasionarse un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior”.

Ello significa que el avance de la causa, sobre la base de información proporcionada en el marco de la ley del “imputado colaborador”, podría derivar en una condena contra Soto Dávila fundamentada en una fuente de datos que podría ser nula.

Soto Dávila está procesado por el presunto cobro de coimas para beneficiar a narcotraficantes y fue excarcelado en abril de 2019 por decisión del mismo tribunal que ahora habilitó la revisión de la ley del arrepentido.

El principal elemento de cargo en su contra es la declaración como arrepentido de un abogado, que dijo haber actuado como intermediario y contó cómo supuestamente se pagaban los sobornos.

Soto Dávila renunció a su cargo en febrero de 2019, cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a suspenderlo y mandarlo a juicio político.