Muchos son correntinos que estaban en plena temporada de captura de langostinos. Cámaras empresarias niegan que bajarán salarios, sino que habrá una reformulación del convenio. “Los tiempos cambiaron, hay que readecuarse”, dijo Eduardo Román, de CAPECA.
La propuesta de reformular un convenio de 2006 derivó en un conflicto que impide a muchos trabajadores pesqueros correntinos y de provincias del NEA continuar con la temporada de captura de langostinos en los principales puertos. Las cámaras empresarias difundieron un comunicado y desmintieron a dirigentes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), “que sólo intentan confundir a los trabajadores de la pesca y a la opinión pública”. También negaron que las empresas pretendan pesificar los ingresos. El SOMU habla de una rebaja de salario cercana al 40 por ciento.
En diálogo con época, Eduardo Román, de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA) dijo que “es falso que las empresas estén proponiendo una baja del 40% del salario. Se propone un incremento que va del 5 al 10% con relación al salario cobrado en 2019”. El documento en cuestión también fue suscripto por la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA).
A su vez, contó que un 75% de los trabajadores son de provincias del Nordeste argentino, principalmente Corrientes, Chaco y Formosa. La pesca de langostino está limitada a cuatro meses del año y comenzó el 18 de junio. “Los 100 barcos congeladores parados es algo que no se va a poder recuperar y va a impactar en las empresas y en los trabajadores”.
Al explicar el origen del conflicto, Román explicó que, en valores de 2006, “se exportaba el langostino a un promedio de 10 dólares el kilo. La pesca creció vertiginosamente en toneladas, ese valor quedó desactualizado”. “Se les propuso reformular el valor de referencia en dólares y de bolsillo van a cobrar lo mismo o un 5 o 10% más del sueldo”, pero aclaró que “los negocios cambiaron, se adecuan variables que permitan a las empresas ser rentables, sino van a quebrar”.
“En un mes de trabajo, si hacen tres mareas, pueden ganar entre 350 mil y 500 mil pesos”, referenció Román. Hoy, con la actividad frenada, solamente pueden acceder al sueldo mínimo, cercano a los 25 mil pesos.
Román contó que hubo reuniones privadas con el gremio y luego audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero sin solución. “Apelamos al diálogo y al consenso, no queremos posiciones extremistas”, dijo Román, quien cuestionó que el SOMU haya concretado el freno de los 100 barcos, impidiendo trabajar a más de 3.000 pescadores. El dirigente consideró que, de mantenerse este contexto, las empresas deberán bajar sus persianas y los trabajadores pueden perder sus puestos laborales.
Ayer, en la capital correntina, los denominados “embarcadizos” y sus familiares se manifestaron en caravana de vehículos por la avenida Costanera, reclamando que no rebajen sus sueldos. Con bocinazos, se hicieron oír mientras transitaban custodiados por personal policial y de la Guardia Urbana Municipal.
En 2019, la pesca, a nivel país, exportó 1.800 millones de dólares y, en 2018, más de 2.000 millones de dólares, de los cuales la mitad corresponde al langostino. Según manifiestan las empresas, las condiciones del mercado cambiaron para todos.
Con niveles altos de producción y un valor internacional en caída (el precio del congelado a bordo bajó de US$/Tn 9.531 en 2006 a US$/Tn 4.755 en la actualidad), no se discuten márgenes de ganancias.
“La respuesta a esta situación debe ser más diálogo, responsabilidad y compromiso de todos, y no promover actitudes que intenten generar desabastecimiento y caos social”. “Estamos frente a un esquema inviable”, indicaron en el comunicado.