La interventora del organismo, diputados de Juntos por el Cambio y cuatro ex agentes pidieron que se investigue la filtración de los datos sensibles.

Cuatro ex integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunciaron este lunes a Cristina Caamaño, la interventora del organismo, a raíz de la filtración de decenas de identidades de personas que trabajan o trabajaron como agentes a partir de que se hiciera público un documento judicial que se sumó a la causa por espionaje ilegal que tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora.

La denuncia cayó por sorteo en el juzgado federal a cargo de María Servini e interviene como fiscal Eduardo Taiano, que subroga la Fiscalía Federal 8. Los denunciantes –cuya identidad Infobae no revela– son jubilados de la AFI y revistaron en áreas operativas de la central de inteligencia y en la de análisis de la información.

Pero no fue la única denuncia presentada en Comodoro Py sobre la filtración de datos sensibles de la AFI. La propia Caamaño, designada al frente de la AFI por el presidente Alberto Fernández, denunció el hecho esta mañana. La presentación de Caamaño le tocó a la jueza María Eugenia Capuchetti con intervención del fiscal federal Carlos Stornelli.

Hubo una tercera denuncia, pero esta vez radicada en el Congreso. Los diputados de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo, José Cano y Sebastián García de Luca denunciaron el hecho al presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, el diputado oficialista Lepoldo Moreau. Los legisladores que integran la comisión presidida por Moreau pidieron que se tomen medidas respecto de lo sucedido.

El sábado pasado Infobae publicó que habían quedado expuestos los nombres de decenas de agentes y ex agentes de la AFI a partir de la difusión de un documento que se agregó a la causa en la que se investiga espionaje ilegal en Lomas de Zamora y que pudieron leer las 80 partes que tienen acceso al expediente judicial. El documento al que accedieron varios medios –entre ellos Infobae– es una copia en formato PDF del libro de protocolos de resoluciones de la AFI donde se volcaron las cuestiones administrativas tomadas entre diciembre de 2015 y enero de 2019.

Cecilia Incardona, la fiscal federal de Lomas de Zamora que investiga el caso de espionaje ilegal por el que ya fueron procesados los ex directores de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri –Gustavo Arribas y Silvia Majdalani–, pidió que se dejara de difundir el contenido del libro de protocolo de resoluciones de la AFI que se había incorporado a ese expediente. Allí se encuentran anotados los nombres y documentos de decenas de agentes de inteligencia.

Luego de que varios medios revelaran identidades de ex agentes contratados durante el macrismo, Incardona le solicitó al juez Juan Pablo Augé que se quite del sistema judicial el documento en cuestión. El magistrado lo hizo y el documento no está más disponible en la causa. Pero ya había circulado por diferentes ámbitos. El documento había sido solicitado como prueba por varios de los imputados que también pidieron que se subiera al sistema de consultas porque no podían ir al juzgado debido a las restricciones vigentes por la pandemia de coronavirus.

Caamaño, en su denuncia, no responsabilizó a nadie directamente por el hecho. Se centró en pedir que se investigara la situación que se produjo una vez que la copia del libro de resoluciones llegó a fiscalía de Lomas de Zamora y fue puesto a disposición de las partes el expediente en el sistema informático judicial. Sin embargo Caamaño recordó en su presentación que cuando envió el material sensible a la fiscalía de Lomas de Zamora lo hizo acompañado de un oficio por el cual pedía que se tuviera en cuenta la calidad de secreto de su contenido. Allí hizo referencia a la Ley de Inteligencia (25.520) que protege el contenido de la documentación.

El oficio que se volcó en la denuncia señala: “La información se encuentra alcanzada por las disposiciones establecidas en el artículo 16 y concordantes de la ley número 25.520 ... por lo que deberá adoptar a su respecto las medidas de seguridad para que la compulsa que se disponga de la información sea personal y en la sede donde se encuentre sin que se permita la reproducción duplicación o divulgación de la documentación o información ya sea a través de medios técnicos humanos; como también que se teste la información que no resulte vinculada a la investigación y surja de la documentación referenciada”. Sin nombrarla, Caamaño aludió a la responsabilidad de la fiscalía.

En cambio los agentes –cuyos nombres figuran en el documento que se difundió–, según pudo confirmar Infobae, responsabilizan por la filtración a Caamaño. Aseguran en su denuncia que el documento salió de la AFI sin que se tomaran las usuales medidas de seguridad. Los agentes acusan por la filtración también a un portal donde el documento se publicó entero. Y señalan que la AFI debió testar –algo común cuando una agencia de inteligencia entrega datos confidenciales a pedido de la Justicia– la información como hizo Infobae cuando publicó el contenido del libro el sábado pasado. En aquella nota solo se revelaron los nombres de agentes que ya eran públicos; en tanto, los desconocidos fueron tachados para evitar su divulgación. Los ex agentes piden que se incorpore como prueba a la causa la publicación de Infobae y las de otros medios que se ocuparon del caso.

Loa diputados de la oposición, por su parte, marcaron los errores en el proceso que terminó con la divulgación de nombres de ex agentes. Un dato curioso: los diputados denominan el caso investigado en Lomas de Zamora como “Espionaje M”. La letra eme se refiere a Macri.

La presentación de los legisladores señala que: “Por un lado la AFI no resguardó la identidad de los agentes. La misma interventora de la AFI, Cristina Caamaño, asegura que se planteó la cuestión ‘a la Fiscalía al momento de enviar la documentación requerida’ y luego se reiteró el pedido cuando se filtró la información. Sin embargo, no está claro si la Fiscalía pidió información sobre todos los agentes en cuestión, por lo que la AFI podría haber preventivamente testado los nombres y apellidos (además de los documentos de identidad) de decenas de agentes que no estaban involucrados directamente en la causa”. Y agregan que: “Por otro lado, el juzgado y la fiscalía fueron por lo menos ingenuos en el manejo de la sensible información provista por la AFI sin agregar medidas de seguridad o pedir un reaseguro a la AFI. Esto constituye acto de irresponsabilidad, ineficiencia y falta de profesionalismo sin precedentes y una conducta reprochable desde el punto de vista penal para funcionarios políticos y judiciales. En definitiva, la falta de profesionalismo, escasas medidas de seguridad y fallas en la cadena de custodia facilitaron la difusión masiva de un hecho que tiene serias consecuencias para la seguridad nacional”. Los diputados concluyeron que “... de confirmarse los hechos denunciados, se debe tener presente que el Sistema de Inteligencia Nacional se encuentra en grave riesgo, así como las relaciones con agencias extranjeras cuya cooperación es necesaria, ello ante la evidente falta de idoneidad y profesionalismo de los responsables de conducir al Agencia Federal de Inteligencia como cabeza del sistema normado por la ley 25520”.

La denuncia que hizo Caamaño es por violación de la Ley de Inteligencia y por el delito de divulgación de secretos previsto en el artículo 222 del Código Penal. La que hicieron los ex agentes es por lo mismo a lo que agregan que Caamaño debe ser investigada por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En tanto la presentación de los legisladores, como es previsible, hace una lectura política de un hecho al que califica de grave, entre otras cosas, por “el potencial riesgo en el que se encuentran los agentes cuya identidad fue revelada, así como sus familias”.