El equilibrio político entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner está puesto en jaque por la designación de Daniel Rafecas como Procurador General y por la iniciativa apoyada en la bancada oficialista del Senado que pretende modificar la mayoría que se necesita para aprobar su pliego que fue enviado por el Presidente a la Cámara Alta hace 257 días.

Alberto Fernández sostendrá a Rafecas como su candidato a Procurador General, pese al movimiento político de acoso y derribo que empuja la bancada oficialista del Senado desde la llegada de su pliego a la mesa de entrada de la Camara Alta. La nominación de Rafecas ingresó el 11 de marzo de 2020, y desde ese momento quedó a merced del bloque kirchnerista que lidera conduce Jose Mayans y lidera Cristina.

El Presidente y el candidato a la Procuración tienen previsto encontrarse esta semana en la Casa Rosada, y allí ambos ratificarán su acuerdo institucional: Alberto Fernández respaldará su designación y Rafecas insistirá con la necesidad de tener las dos terceras partes de los votos de la Cámara de Senadores (48 sobre 72) para acceder a la Procuración General.

CFK y sus senadores de confianza no hicieron un sólo gesto para diseñar un método político que permita obtener la designación de Rafecas. Al contrario: Oscar Parrilli, Juan Pais, Martín Doñate, María de los Ángeles Sacnun y Anabel Fernández Sagasti dedicaron su tiempo a encontrar una diagonal que permita bloquear a Rafecas, evitar acuerdos con la oposición y empujar una ley que sirva para coronar un candidato de Cristina.

“Yo no pedí la ley de reforma de la Procuración que se tratará en el Senado”, confió Alberto Fernández en la intimidad del Complejo Chapadmalal, adonde llegó para participar con cierto sosiego del G20 virtual que organizó Arabia Saudita.

-¿Y que te pareció?-, le preguntaron.

-No puedo opinar. No lo leí.

Alberto Fernández se muestra cauteloso ante los medios, pero está preocupado puertas adentro de la quinta de Olivos. El Presidente cree en la construcción política a través del diálogo y choca de frente con CFK que considera que la acumulación de poder sólo es efectiva desde una lógica agonal.

Estas miradas distintas sobre el funcionamiento de la democracia ya se dirimen al momento de analizar la designación de Rafecas y la posible sanción de la nueva ley de la Procuración.

Alberto Fernández puede aparecer flexible al momento de analizar el cambio de mayorías para designar al jefe de los fiscales (de 48 a 37 votos), pero pierde la sonrisa cuando ratifica que CFK impone -siempre- su perspectiva bélica de la política.

La Vicepresidente juega a desgastar a Rafecas y conoce cómo actuará Juntos por el Cambios. CFK asume que la oposición no votará al candidato presidencial, y en ese momento se quedará con el centro del tablero: si Alberto Fernández no puede coronar a Rafecas, ella tiene los votos para designar a Alejandro Slokar, un juez de la Casación que se alinea con Justicia Legítima y el Instituto Patria.

Y si finalmente hay un juego de suma cero, donde no hay designación de jefe de los fiscales, Cristina Fernández habrá logrado congelar la nominación de Rafecas -que era la intención presidencial- y aprobar la ley del Procurador en la Cámara Alta, pese a que no era prioridad de Balcarce 50.

Hacia adelante hay dos semanas que exhibirán la correlación de fuerzas entre Alberto Fernández y Cristina. La bancada kirchnerista del Senado impondrá en pocos días su peso propio y dará media sanción al proyecto que reduce la mayoría para elegir al Procurador General. Y a continuación esa iniciativa deberá tener tratamiento de la Cámara de Diputados que no controla el Frente de Todos.

En este contexto, el Presidente tiene la oportunidad de probar que su agenda política no se pliega al proyecto de acumulación de poder de CFK. La media sanción del Senado reformando las condiciones institucionales de la Procuración, puede quedar enterrada para siempre por decisión de Alberto Fernández.

El jefe de Estado sólo necesita convocar a sesiones extraordinarias y obviar esta iniciativa que responde a los intereses políticos de la Vicepresidente. Si Alberto Fernández es fiel a sus convicciones éticas, no tendría sentido enviar un proyecto que alienta la fractura política y desalienta el diálogo con la oposición parlamentaria.

En caso contrario, si incluye en las sesiones extraordinarias la reforma a la Procuración, Alberto Fernández puede pagar un costo político que es pertenencia de Cristina Fernández de Kirchner. El Frente de Todos no tiene los votos necesarios para sancionar la ley cocinada por la bancada kirchnerista en el Senado, y si va al recinto y es rechazada, el Presidente y la Vice pagan por igual: uno por que habilitó su tratamiento, y la otra porque empujó desde la Cámara Alta.

La oposición en Diputados ya explicitó su rechazo a la iniciativa que llegará del Senado. No sólo juntos por el Cambio, sino también la diputada Graciela Camaño, que responde a Roberto Lavagna y es muy escuchada por los legisladores de la oposición que siempre coquetean con la Casa Rosada.

Camaño conoce la mayoría de los secretos del poder y su rechazo es observado con atención por Balcarce 50. Alberto Fernández y Sergio Massa han sellado sus labios, pero sus voceros explican con escaso maquillaje: “No quieren esa ley. Y no harán nada para que salga”.

Si CFK logra que el Presidente habilite el tema en las sesiones extraordinarias, y luego reúne los votos necesarios, su poder será omnipresente en toda la administración pública. Desde esta perspectiva, la Vicepresidente manejaría los siguientes resortes de poder:

1. Agencia Federal de Inteligencia (AFI)

2. Unidad de Información Financiera (UIF)

3. Oficina anticorrupción (OA)

4. Procuración del Tesoro

5. Inspección General de Justicia (IGJ)

6. La Procuración General

Alberto Fernández se encuentra frente a su punto de inflexión en la Presidencia. El proyecto de la bancada kirchnerista de senadores no es aceptado por la oposición ni por la mayoría de los fiscales sin importar su jurisdicción o competencia. “La institución quedará destruida para siempre”, opinó Raúl Plee, fiscal ante la Casación Federal.

Junto a su decisión de soslayar la reforma kirchneristas a las condiciones institucionales de la Procuración, Alberto Fernández podría ejecutar otro gesto político para confirmar que no hay cohabitación en la Casa Rosada. Si después de su encuentro con Rafecas queda confirmado que se mantiene como candidato a la Procuración, el Presidente enviaría -de nuevo- su pliego para que sea tratado en las sesiones extraordinarias.

Es decir: ante el avance de CFK que tiene su propia agenda de poder, el Presidente impondría su propia hoja de ruta insistiendo con Rafecas y obviando la medida sanción a la reforma de la Procuración General. Un Gambito de Dama para ocupar el centro del tablero, una jugada básica para llegar entero al final y vencer antes que se acabe el tiempo.